Belén Urzagasti
El titular de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos, advirtió que el Congreso es el ente encargado de pedir las auditorías a las universidades, luego de la marcha universitaria federal en reclamo por los recortes presupuestarios por parte del Gobierno.
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La estrategia del Poder Ejecutivo en torno al conflicto se centra en las auditorías: "La educación pública es un derecho. Auditar es una obligación", prometió Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, en consonancia con las intenciones del presidente Javier Milei.
Según la Ley Nº 24.521 de Educación Superior, las auditorías internas están a cargo de cada institución que, a su vez, en determinados casos, trasladan el detalle de sus cuentas a la Auditoría General de la Nación (AGN), órgano unipersonal dependiente del Consejo Superior, quien reporta al Congreso.
En este marco, Olmos aseguró que el único poder encargado de solicitar una auditoría a una universidad pública es el Legislativo, quien debe conformar una comisión mixta revisora de cuentas del Congreso de la Nación integrada por diputados y senadores.
"Los planes de auditoría los aprueba la comisión mixta revisora de cuentas del Congreso de la Nación integrada por diputados y senadores, y ahí se determina", expresó el titular de la AGN en declaraciones con Radio Mitre.
Y agregó: "En este momento se aprobaron auditorías en las universidades de Jujuy, Formosa, Córdoba, Salta, Nordeste y La Plata. En el caso de la UBA, que es la más grande y la que más presupuesto lleva, habría que pedirle a la comisión que ingrese un plan integral si el objetivo es auditarla.
En línea con la Ley de Educación, Olmos señaló que "la UBA es un ente público no estatal. No es parte del Poder Ejecutivo y no podría auditarlo el Poder Ejecutivo. Tiene auditoría internas que son concomitantes, es decir, mientras se desarrolla la gestión se están auditando".
Fuente Ámbito.
