Líneas que no se cruzan

Un nuevo capítulo en el caso judicial que suscitó la campaña difamatoria contra el exgobernador Gerardo Morales y su familia, se abre a partir de la decisión de un juez jujeño que acaba de prohibir a los dos imputados en la causa hacer cualquier referencia pública sobre el exmandatario, su mujer y su pequeña hija.

Con la rapidez del rayo, la medida judicial fue cuestionada por los pocos pero ruidosos defensores de los dos hombres, Nahuel Morandini y Humberto Roque Villegas, quienes enfrentan demandas por daños y perjuicios, daño moral, violencia de género y supresión de identidad en perjuicio de la niña y sus padres. La libertad de expresión estaría siendo violada –dicen- porque Morandini y Villegas ejercían esa libertad cuando twittearon comentarios infamantes contra la principal víctima del caso, la hija de dos años de Morales.

Pero, ¿es seriamente posible poner los graves delitos que se imputan a estos twitteros bajo el amparo de la libertad de expresión?

Libertad tan fundamental del sistema republicano ¿puede habilitar el avasallamiento de otros derechos humanos fundamentales, como en este caso el derecho de una menor de edad a que se respete su dignidad e identidad? ¿El ejercicio de las libertades es absoluto? ¿Puedo imponer mi derecho a expresar cualquier cosa aun cuando al hacerlo estuviese provocando a sabiendas un daño moral irreversible a un tercero? El ejercicio de las libertades ¿existe sin su correlato de responsabilidades? El derecho a la intimidad que a todos nos reconoce la Constitución nacional, ¿tiene mayor jerarquía que la libertad de expresión? ¿Podemos gozar de la libertad de expresión sin hacernos cargos de consecuencias ulteriores? ¿La sociedad tiene que tolerar que en nombre de la libertad de expresión, se permita el cruel vejamen contra una persona inocente a la que todos deberíamos proteger?

Por la naturaleza de sus funciones, los gobernantes son personas con exposición pública y, por lo tanto, se acepta que tienen que someterse al escudriño de los ciudadanos sobre su vida privada, pero eso no corre para la hija de Gerardo Morales, que es menor de edad y no ejerce ninguna función pública. Este no es un dato menor en el debate que suscitó este caso, ya que la defensa judicial, mediática y en redes sociales de los imputados oculta ahora deliberadamente lo que desde un comienzo en forma clara buscaba: la supresión de identidad de una nena de dos años con el fin de dañar la imagen de su padre y de toda la familia.

Un valor tan sagrado como la libertad de expresión, que también hay que decirlo muy pocas veces por no decir nunca, ha sido defendido en Jujuy por colectivos que hoy se rasgan las vestiduras, no debería ser bastardeado de este modo. 

A nadie le sorprendería escuchar que muchos de los acérrimos defensores de las libertades que hoy desfilan por las calles y por las redes, fueron parte o apoyaron movimientos que, precisamente, se caracterizaron por llevarse puestas libertades de los jujeños en la mayor impunidad que se recuerde. Ayer se creyeron con derecho a apoyar delitos muy graves cometidos contra una niña. Hoy se sienten vulnerados en la libertad de expresión porque un juez los conminó a dejar en paz a la víctima con la que se ensañaron con una crueldad que no se puede entender. 

Hay que señalarlo con todas las letras: eso no es censura ni negación de la libertad de expresión. Simplemente, todo tiene un límite y no nos convierte en “guachos” de derechos el saber convivir con líneas que no se pueden cruzar porque no lo permiten nuestros valores como personas o ciudadanos o porque lo prescribe la ley. 
Las redes sociales cambiaron nuestro mundo, pero sería trágico que aceptásemos renunciar a nuestra capacidad de diferenciar el bien del mal por detrás de una idea distorsionada de la libertad. Este doloroso caso está dejando una lección en ese sentido.

Foto: (La Libertad de Lola Mora)