Allanaron a dirigentes por presunta extorsión a beneficiarios de planes sociales

Un total de 27 allanamientos se realizaron este lunes en el marco de la causa que investiga la denuncia del Ministerio de Seguridad por extorsión a beneficiarios de planes sociales para que concurran a manifestaciones.

La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal dictó, por pedido del Fiscal Federal Gerardo Pollicita, 27 órdenes de allanamientos y que los involucrados presten declaración indagatoria por los hechos que se investigan.

La medida judicial apunta a dirigentes del Polo Obrero, Movimientos Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha, y surgen de los llamados que se recibieron en la Línea 134, habilitada por la cartera de Seguridad para que beneficiarios de programas estatales denuncien amenazas por parte de los dirigentes.

Entre los acusados, figuran Jeremías Canteros, integrante de la mesa nacional del Polo Obrero En esta lista, también están anotados los nombres de Elizabeth Palma, Giana Lucía Puppo, Cinthia Delgado, Gustavo Vásquez, Dina Iramain, Brisa Paucara, Ronald Vargas, Iván Candotti, Lorenzo Martelli, Mercedes Fossat, Manuel Alonzo, María Cecilia Cowper, Carlos Ignacio Fernández Kostiuk, Nilsa Elena Torres, Leslie Castillo, Blanca  Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Santa Jaramillo Morales, María Isolda Dotti, Gloria Estrada, Emmanuel Barriento, Tania Cassamello que integran el Polo Obrero, Movimiento Barrios de Pie y Frente Organizaciones en Lucha (FOL), que administraban comedores populares.

De acuerdo con la pesquisa, los acusados “habrían exigido coactivamente a los beneficiarios de planes sociales su participación en marchas y manifestaciones públicas y/o la entrega de una porción del dinero bajo la advertencia expresa en algunos casos de ‘dar de baja el plan’, conformando un total de 924 casos”.

"De las intervenciones efectuadas se desprendía que las actividades de los imputados se orientaron a su vez a canalizar los fondos ilícitos provenientes de las extorsiones a través de ‘cooperativas’, desconociéndose el destino final de ese dinero, razón por la cual solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de las 28 personas requeridas a efectos de contar con un panorama global de sus patrimonios, para así determinar si obtuvieron un rédito económico como resultado de los hechos de coacción y extorsión investigados", dice la resolución que firmó la Sala I de la Cámara.

La Justicia ordenó también el secuestro de los dispositivos electrónicos que les pertenecen a los imputados, ya que la mayoría de coacciones y extorsiones  se realizaban por esos medios, así como también planillas o cuadernos de asistencia o de registro de pagos; documentación vinculada a planes sociales, al funcionamiento de cada Unidad de Certificación o con personas jurídicas que funcionen como cooperativas o asociaciones civiles; comprobantes de pago de cápitas, cuotas, alquileres o mercadería; tarjetas bancarias o comprobantes de extracción de dinero en efectivo.