Brisa García
Primero, la preparación de un decreto que autoriza a las Fuerzas Armadas a intervenir en cuestiones de seguridad interior ante "amenazas extranjeras". Este decreto, que podría ser firmado antes del viaje a Israel el 5 de febrero, redefine el papel de las Fuerzas Armadas en situaciones de seguridad interna.
En segundo lugar, el gobierno avanza en la compra de 24 aviones dinamarqueses F-16, de origen estadounidense, por cerca de 600 millones de dólares. Esta elección implica descartar la opción de adquirir los aviones chinos J-17. Esta jugada tiene el respaldo de Estados Unidos, que había estado haciendo lobby para evitar la compra de los aviones chinos, considerados más modernos.
El decreto sobre las Fuerzas Armadas redefine la intervención en seguridad interior permitiendo actuar ante "amenazas extranjeras", incluyendo narcotráfico y organizaciones de pueblos originarios. Este cambio revoca una norma anterior que restringía la intervención militar a amenazas de "un Estado" extranjero. Este enfoque es respaldado por Estados Unidos y ha sido impulsado por Washington en diversos contextos internacionales.
La compra de los aviones F-16 se justifica por la facilidad en el mantenimiento y la obtención de repuestos, y busca satisfacer el interés estadounidense de descartar la opción china. Sin embargo, surgieron inquietudes sobre los costos de mantenimiento, la capacitación de pilotos y la posibilidad de que estos aviones se vean involucrados en conflictos no relacionados con la seguridad nacional.
Este conjunto de decisiones refleja un alineamiento más estrecho con Estados Unidos y genera debates sobre la soberanía nacional y el papel de las Fuerzas Armadas en cuestiones internas. La sociedad y los expertos siguen de cerca estos movimientos en un contexto de cambios significativos en la política y la seguridad del país.
